Cinco letras y dos números han sembrado el pánico entre las concesionarias de obras públicas: Ifric 12. Aunque lo parezca, no es la marca de un medicamento ni el nombre de un mueble de Ikea. La Ifric 12 es una norma contable internacional que regula la actividad concesional, en la que las empresas españolas son líderes mundiales, especialmente en infraestructuras de transporte por carretera.
Se trata de todo un revulsivo al modelo actual, que impactará de lleno en la línea de flotación de las empresas cuando se adapte finalmente a los estados financieros individuales del Plan General Contable. Ello frenará la recuperación de la construcción, pero no tanto como se esperaba, ya que, según ha podido saber EXPANSIÓN de fuentes implicadas, se ha introducido una salvedad de importancia vital. La medida no se aplicará para los años ya completados de la concesión. Es decir, se salva literalmente de la quiebra a muchas empresas, siendo mayor el alivio en las concesiones más maduras.
Pero, ¿por qué es perniciosa para las concesionarias españolas la Ifric 12? Porque impide a las compañías diferir en el tiempo los gastos financieros de la infraestructura o servicio que se gestiona, teniendo que contabilizarlos en el año en que se producen. Y, evidentemente, en los primeros compases de la concesión este desembolso es mayor y pesa más en las cuentas. Así, los números rojos se disparan casi sin remedio.
Por todo ello, el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, está intentando aplicar mano izquierda en la adaptación de esta directiva, que debería estar lista antes del 1 de enero. Eso sí, si no se aprueban cambios mercantiles urgentes, las nuevas concesiones se verán azotadas en varios flancos, como el fiscal, el financiero, el mercantil y el contable, “produciéndose situaciones efectivas de causa de disolución”, como explicó José Díaz-Caneja, director gerente de Foro PPP. Y se ejecutarían no pocos préstamos, por falta de solvencia.
Las modificaciones normativas que son necesarias se refieren sobre todo a la posibilidad de registrar pérdidas superiores al 50% de los fondos propios sin entrar en causa de disolución, como en otros países que se rigen por la Ifric 12.
El Gobierno aprobó una moratoria similar, por dos años, a las inmobiliarias, pero la de las concesionarias debería ser “de por vida”, afirman desde la patronal de las autopistas de peaje, Aseta.